Plan de “desascalada” en educación.

Comentarios y sugerencias para el debate de la Orden SND/399/2020 de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, desde la perspectiva del principio de precaución en la educación.

Apuntes previos

  • Primero, lexicografía, la RAE no recomienda el uso del término “desescalada. Sugiere “evitar los calcos del uso del inglés” que ha traído el término ‘escalada’, imitando el ‘to escalate’, del que deriva el antónimo de ‘desescalada’. Aboga en su lugar por la utilización de ‘reducir’, ‘disminuir’ o ‘rebajar’. No me gusta el término, aunque solo sea por mi amor a la montaña, y el COVID-19 nada tiene que ver con esa pasión, pero el lenguaje se construye en la calle, y la expresión ha llegado para quedarse.
  • Segundo, sobre la caducidad de lo escrito, un primer borrador de estas palabras fue escrito el 11 de mayo domingo, las reacciones de lunes y martes a la Orden SND/399/2020, aconsejaron dejar en la gaveta el escrito. Hoy he decidido publicar solo aquello que pueda tener cierta permanencia en el tiempo, integrando algunas de las reacciones más relevantes a la orden citada, que se produjeron el 12 de mayo.
  • Tercero, de las reacciones, debemos felicitarnos por algunas de respuestas del sector, casi unánimes ente los sindicatos,  y distintas entre las administraciones, desde aquellos que han “reconsiderado” su posición, Euskadi (dejan la decisión en los centros); o bien en un proceso “más calmo” como Andalucía y Canarias que plantean no abrir centros en mayo y volver a clase en septiembre u octubre. Con respecto al principio de prudencia que exigimos de las administraciones, también debemos practicarlo la ciudadanía, y no siempre lo hacemos, si prestamos atención a las redes sociales y a algunos columnistas de la prensa diaria
  • Cuarto, lo que sigue, son acotaciones personales, comentarios, sugerencias para el debate a resultas de la lectura de la Orden SND/399/2020 de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, desde la perspectiva del principio de precaución.
  • Quinto, la orden de referencia requiere de instrucciones de las administraciones educativas autonómicas, y de los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, limpieza, ordenación del tráfico, y acción cultural extraescolar.  

La Orden SND/399/2020 de 9 de mayo de 2020.

La orden establece que en el ámbito de la educación, se podrá proceder a la apertura de los centros educativos para su desinfección, acondicionamiento y para la realización de funciones administrativas preservando la salud pública, y minimizando los riesgos. Durante la realización de las tareas administrativas deberá garantizarse una distancia física de seguridad de dos metros, es decir cuatro metros cuadrados por puesto de trabajo. Será responsabilidad de las direcciones de los centros educativos determinar el personal docente y auxiliar necesario para llevar a cabo las citadas tareas, así como asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los espacios de los centros.

Condiciones exigibles para la apertura.

Estas medidas deberá ser ampliadas, interpretadas y reglamentadas por las administraciones educativas y sobre todo supervisadas por ente competente con capacidad certificadora, a fin de garantizar la seguridad en su sentido más amplio, incluida la seguridad jurídica de las direcciones de los centros.

  • En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características. Se resumen las pautas a seguir en materia de limpieza, que ayuden a contextualizar los comentarios. 
    Se deberán usar desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, conforme a las instrucciones de la etiqueta.
    Los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura.
    Las medidas de limpieza se extenderán, en su caso, a las zonas de vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso de los trabajadores.
    En los puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso.
    Los uniformes o ropa de trabajo, se lavarán y desinfectarán diariamente.
    Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos.
    Si existen, los ascensores o montacargas, tendrán un uso limitado al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras.
    Aseos, su ocupación máxima será de una persona y deberá procederse a la limpieza y desinfección de los mismos como mínimo, seis veces al día.
    Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo.
    Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable, dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al día.
    La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las distancias de seguridad interpersonal exigidas en cada momento por el Ministerio de Sanidad.
    Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación.
    Los lugares de atención al público dispondrán de medidas de separación entre los trabajadores del centro educativo y los usuarios.
    Los centros educativos deberán proveer a sus trabajadores del material de protección necesario para la realización de sus funciones.
    No se establecen especificaciones particulares.

Comentarios

1. Direcciones de los centros. No son las direcciones de los centros, las que deciden si abren o no los mismos. Serán las administraciones educativas, quiénes decidan cuándo, cómo y quién toma la decisión siendo la orden SND/399/2020 de 9 de mayo de 2020, como no puede ser de otra forma, el marco de esas instrucciones. No es casual, que fechas de vuelta al aula ya anunciadas por algunos gobiernos regionales, Andalucía y Euskadi, hayan decaído, entre otras cuestiones por la unanimidad del rechazo sindical a una normalidad inexistente. Tampoco es casual el anuncio del presidente de Canarias Ángel Víctor Torres, de la celebración de una nueva conferencia de presidentes autonómicos para hablar de educación y planificar los aspectos que deberán cambiar en este ámbito tras la pandemia de Covid-19, así como el silencio de otras presidencias autonómicas que hasta hace unos días reclamaban la vuelta parcial a las aulas en las dos últimas semanas de mayo.
2. En materia de espacio en las conserjerías y secretarías. La mayor parte de las conserjerías y secretarías de los centros que cuentan con más de un trabajador por categoría sociolaboral, no tienen el espacio suficiente para mantener el distanciamiento social, lo que implica introducir medidas que afectan a las condiciones laborales del colectivo de personal no docente. Posiblemente tales cambios quepa pactarlos en el contexto del centro. Pero también, resulta obvio que en caso de disparidad de interpretación de la norma, se hace necesario el concurso sindical y la supervisión del ente territorial encargado de la limpieza y mantenimiento de los centros educativos. Por otra parte se requiere actualización de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo para la situación que nos ocupa y preocupa.

3. Protocolos. El proceso requiere de protocolos nuevos o de modificación de los existentes en materia de limpieza, usos de instalaciones y tareas de mantenimiento en materias de distanciamiento social y la oportuna señalética. Esos protocolos deben ser supervisados y certificados por autoridad competente, en caso contrario se deja a las direcciones de los centros en un escenario de inseguridad jurídica en materia de responsabilidad ante potenciales denuncias por presunta negligencia en caso de contagio.
4. Presupuesto. Habrá que modificar el presupuesto del centro para hacer frente a los gastos derivados del COVID-19, compras adicionales de desinfectantes, ropa de trabajo, e instalación de mamparas y zonas de distanciamiento social, cuando el servicio no esté externalizado. El tamaño de los centros importa, tanto por gasto, como por posibilidades de acometerlo. Se debe incrementar la supervisión de los servicios externalizados por parte de la administración educativa, con comunicación a los centros de los protocolos activados y los desinfectantes usados, y conocer si son responsables o no ante esta situación sobrevenida.
5. Uso del papel y de dinero. En materia administrativa y pagos de servicios cuando procede, el intercambio del papel es directamente proporcional a la falta de aplicaciones digitales de gestión administrativa. La revisión de este aparta requiere un capitulo aparte, sabremos su situación real cuando se abra el proceso de admisión. En cualquier caso, cae de la mano de las administraciones educativas, que todo el proceso de admisión de alumnado nuevo, y pagos de servicios, esté en línea, y que el alumnado mayor de edad, y las familias de los menores puedan cumplimentar el proceso por la vía telemática, transformando la asistencia al centro en causa excepcional debidamente justificada. Tales procesos requerirán la colaboración de las administraciones educativas con los ayuntamientos, diputaciones o cabildos insulares, para implementar un proceso de acompañamiento para salvar las consecuencias de la brecha digital. Igualmente deberán ampliarse las opciones de certificados digitales y medidas de acceso, por ejemplo con cuenta y clave, autenticada a través del móvil, pues el DNI-e, según datos de 2010 del INE, es usado por menos del 10% de la población en sus relaciones con las administraciones públicas.
En su momento volveremos sobre el apartado de la matrícula y su importancia para digitalizar la acción educativa.
6. Diagnóstico de espacios. Se requiere actualizar los inventarios con cuestionarios diseñados por las administraciones que sirvan de base para diseñar los planes de intervención con especial atención, a los espacios disponibles, tipología, y posibilidades conforme a las pautas organizativas, niveles, etapas y enseñanzas, y con posibilidades de importar y exportar datos a los programas de horarios más comunes que utilizan las jefaturas de estudio.
Capitulo aparte, son los despachos para docentes, o las aulas propias, despachos de directivos, y atención a las familias especialmente en la educación infantil y primaria.
En esa línea
 deben requerirse informes municipales en los entornos de los centros educativos a las horas de entrada y salida, pues amén de los consabidos atascos de tráfico, es necesario mantener el distanciamiento social.
Una sugerencia, debe valorarse la viabilidad de un transporte colectivo del alumnado en condiciones de distanciamiento social, dando salida a la flota de guaguas de transporte turístico que por ahora permanecen inactivas.

7. Infraestructura telemática, aplicaciones y recursos. El desarrollo de aplicaciones y servicios es distinto en cada territorio. Lamentablemente no hay intercomunicación en las redes informáticas territoriales, de hecho el traslado de expedientes por ejemplo no está digitalizado, y las comunicaciones con el ministerio tampoco. Esa debe ser una tarea urgente, establecer un anillo interterritorial, que permita traslados de expedientes, y compartir recursos digitales, que traerán consigo sinergias y buenas prácticas.
La primera tarea a la vista, será la digitalización completa de la admisión, y los procesos de matrícula, así como la organización de agrupamientos conforme a criterios de distanciamiento social. Ello implica que los servicios informáticos deben tener actualizada la información de inventarios, las necesidades de red, servidores y recursos. No parece que esas tareas puedan hacerse con los recursos existentes, de ahí la necesidad de potenciar la colaboración entre las empresas tecnológicas y el sector necesaria. Sea cual sea la solución organizativa que se adopte, en realidad pluralidad de las mismas y el plano desde donde se ejecute, centro, islas, comarca, provincia, o comunidad, todas las soluciones pasa por la enseñanza en línea y la digitalización de la administración educativa en todos sus procesos.

Problemas y contexto:

1.- Diversidad y pluralidad. Se requieren soluciones distintas según enseñanzas, etapas y niveles. La educación infantil y los primeros niveles de enseñanza primaria requieren de plataformas y recursos ad hoc.
2.- Burocracia. El ritmo de la burocracia, el tiempo de diseño de los planes, la toma de decisiones, la búsqueda de recursos económicos y el tiempo de implementación, puede generar mucha frustración, por lo que debe potenciarse la contratación por la vía de urgencia con proveedores de probada solvencia, en el propio territorio. La construcción de lo global desde lo local.
3.- Recursos. Los libros de textos han constituido una fuente de problemas para las familias en riesgo de pobreza, y en muchos casos un gasto poco justificado. Las administraciones deben revisar los programas de gratuidad de “libros de texto”, derivando los recursos a la dotación de ordenadores adaptados a la edad, y la compra de obra de lectura recomendada y de venta en las librerías de referencia de los centros, y material escolar especialmente en materia de artes plásticas y apoyo musical.

4.- Brecha social y digital. Dotación de becas, apoyo a la alimentación, y dotación de recursos al alumnado, bajo la supervisión de los servicios sociales. Se requiere convergencia administrativa.

Planes.
Aunque es un tema que se escapa de este trabajo, por amplitud del mismo y por desconocimiento, si queremos apuntar la posibilidad de que la actual distribución de competencias en los distintos servicios que conforman las direcciones generales y la supervisión territorial de los mismos, requieran de evaluación, revisión y consiguiente adaptación para los tiempos del COVID-19. Esos procesos son en si mismos una pesadilla político administrativa, pues se producen reacciones contrarias, y a veces decisiones que poco o nada tienen que ver con la necesidad de reordenar el sistema.
En cualquier caso nos atrevemos a listar los ámbitos en los que habrá que desarrollar planes de intervención para el próximo curso, así como sugerir la compra centralizada de las soluciones, consultando a las direcciones de los centros en la toma de decisiones.

  • Digitalización.  Los sistemas de Voz IP permiten integrar en una misma red todas las comunicaciones de voz, datos, e imagen.
  • Gestión administrativa. Admisión, matricula, convalidaciones, y gestión económica.
  • Organización. Aplicación que permita importar y exportar datos al resto de las herramientas integrando las formulas organizativas y los espacios.
  • Ordenación. Revisión del currículo. Evaluación. Autorización de experiencias de diversificación. Autorización de planes de innovación. Actualización de los bancos de recursos. Elección participada de plataforma de alta compatibilidad. Por conocimiento previo, ya que prácticamente todo el profesorado que ha hecho formación digital ha tenido contacto con Moodle, esa podría ser la elección más obvia. Una alternativa rápida podemos encontrarla en Moodlecloud
  • Formación y acompañamiento. Profesorado. Personal no docente. Refuerzo psicosocial.
  • Apoyo social. Comedores escolares. Apoyo a las familias. Requiere convergencia administrativa.
  • Actividad extraescolar. Planes de salidas institucionales. Requiere de convergencia administrativa.
  • Supervisión. Hay que desligar la inspección general de servicios, de la supervisión docente y didáctica. Esta última debe estar ligada al menos a los ámbitos disciplinarios. Se debe priorizar la autoevaluación de las comunidades. El proceso debe estar digitalizado. La disminución de la carga de trabajo poco útil debe ser un objetivo en si mismo.

El principio de precaución y la vuelta a las aulas.

Su andadura actual arranca en la Conferencia de la ONU en 1972, incorporándose a la legislación ambiental de Alemania Occidental y fue aplicado internacionalmente en 1984 para la protección del Mar del Norte, y en 1985 para la protección de la capa de ozono. Está inspirado en el principio de no maleficencia, del juramento hipocrático.
El principio de precaución, responde al principio de previsión, que el sentido común recoge por la vía del refranero con la expresión, más vale prevenir que curar, o más vale prevenir que lamentar, siendo uno de los principios rectores de la política ambiental de la Unión Europea y de sus estados miembros, recogido en los tratados fundacionales: “La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las diferentes regiones de la Comunidad. Se basará en los principios de precaución y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente preferentemente en la fuente misma, y en el principio de que quien contamina paga. Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las demás políticas de la Comunidad” 
El principio proviene de la cultura ecológica, y responde a la creencia de que las sociedades tecnológicamente avanzadas son sociedades de riesgo en expresión de Ulrich Beck, aunque la globalización expande el riesgo por todo el mundo, tal como ha ocurrido con el COVID19.
El principio establece que «cuando una actividad representa una amenaza o un daño para la salud humana o el medio ambiente, hay que tomar medidas de precaución incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma concluyente».
El principio así enunciado no sitúa en el espacio que le es propio al ser humano, la incertidumbre, o en palabras de Jürgen Habermas: “En esta crisis, debemos actuar en el conocimiento explícito de nuestro no conocimiento”.
También puede plantearse el principio como una estrategia de planeamiento de una actividad dada, con enfoque preventivo, allí donde hay incertidumbre científica sobre los efectos de esa actividad, en la salud como es el caso del COVID-19 y la reapertura de los centros educativos.
La decisión “abrir los centros”, no es imperativa, es condicional, y no le pertenece al el titular de la dirección, salvo que así lo establezca la administración competente, que deberá señalar las condiciones particulares de esa decisión. La cuestión principal, es si las direcciones de los centros disponen de evidencia de que el riesgo que comporta la apertura es aceptablemente bajo. Aquí no basta, con “no saber que ocurrirá” ergo “abro el centro”. Desde la precaución, se invierte la carga de la prueba, si no sé, no actúo, porque precisamente no sabemos que ocurrirá si lo hacemos.
La toma de decisión es compleja, porque no hay indicadores operativos de precaución, que nos indiquen el momento en que debemos actuar, luego debemos introducir otras consideraciones como las consecuencias de no actuar, se trata en suma de balancear riesgos y consecuencias, buscando el punto de equilibrio entre ambas.
Se argumenta que el principio de precaución no es científico, que su origen está en la ética y en la política y que los costes de las acciones preventivas, superan a los costes de los daños. Este tipo de argumentaciones, las hemos visto con el COVID-19, espacialmente en aquellos que contraponen salud con economía, y tratan la crisis sanitaria como una guerra, en la que necesariamente hay que pagar un tributo de sangre por ganar.
Pero la evaluación del riesgo, si es un proceso científico, siendo su resultado, un producto del conocimiento disponible. Dicho de otra forma, predecimos si conocemos, en caso contrario solo cabe plantear hipótesis y potenciales consecuencias. En todos los casos debemos trabajar con todos los escenarios posibles.
Evaluado el riesgo, hay que gestionarlo, balancear riesgos y beneficios conforme a las actividades que queremos desarrollar. La gestión del riesgo requiere de transparencia absoluta, la comunidad educativa debe conocer que puede y no puede hacer y las consecuencias para si, y para los demás de sus acciones. En esa línea deben leerse los principios y pautas que siguen:

Principios y pautas para la toma de decisiones

  • La especificidad del acto educativo. La guarda y custodia del alumnado, es una consecuencia de la educación, no su razón de ser. Respetar y desarrollar el derecho a la educación, implica educar, y la guarda y el cuidado por si solos, no constituyen una acción educadora, la escuela ni puede ni debe sustituir a la familia, otra cuestión es la importancia del cuidado y de la guarda en las edades tempranas, y la conciliación del derecho a trabajar con el cuidado de los hijos.
  • De la presencialidad. En este contexto de crisis sanitaria que obliga al distanciamiento social, trae a la palestra el viejo debate sobre las ratios, que siempre han sido elevadas en nuestro país. La presencialidad ha definido a la escuela, ha sido y es su columna vertebral. La técnica disponible ha sido un soporte, un medio, un instrumento, pupitres, enciclopedias y libros de textos, pizarras, tiza… etc. La tecnología ha añadido otra capa instrumental a la escuela, proyectores, televisores, laboratorios, pizarras “inteligentes” hasta las modernas plataformas de teleformación. Pero nada de lo dicho puede existir sin magisterio y alumnado. La aparición de medios nuevos, han ido redefiniendo progresivamente las labores educativas, el salto se ha producido cuando el medio ha derivado en contenido, un ejemplo tradicional fue la informática y su enseñanza. El medio se hace mensaje y se torna en competencia, redefiniendo la escuela misma y su función, enseñar a “Aprender a aprender” , la clave que sustenta la bóveda del aprendizaje.  El debate no está por tanto, en buscar alternativas a la escuela presencial, no existen, no al menos para toda la población escolar, sino en conformar un sistema donde lo presencial se amplíe con la teleformación a fin de cumplir con las exigencias de distanciamiento social, luego la combinación de presencialidad y digitalización parece el único contexto posible al menos a corto plazo para iniciar el curso 2020/2021.
  • De la normativa y elaboración de planes. Macro, micro, revisión y crítica constructiva. Lo macro lo situamos en la normativa básica del estado, el primer nivel de concreción y su desarrollo por las comunidades autónomas, el segundo, también en la coordinación autonómica a través de las conferencias sectoriales. Lo micro, el tercer nivel de concreción radica en las comarcas, ayuntamientos no metropolitanos, distritos sanitarios, y centros educativos. Son los que implementan los procesos y los  espacios donde surgen las disfunciones. Si no hay retroalimentación entre la implementación y la ordenación entendida como escucha, negociación y revisión el principio de precaución se torna en ineficaz. La normativa no puede ser el producto de la ley de gravedad jurídica. Se necesita pedagogía social, para que la revisión normativa no se venda como mal gobierno, o administración errática. Que los sindicatos informen de las propuestas de las administraciones, y que estas sean cuestionadas por la ciudadanía, no solo no es gobierno errático, sino justo todo lo contrario, buen gobierno, administración que escucha  y revisa su posición, si ello redunda en pos del interés general. Igualmente debemos asumir el principio de la oposición constructiva, preguntando al crítico por su propuesta, su coste cuando sea el caso, y el origen de la financiación.
  • Transparencia. La comunidad educativa tiene el derecho de saber, pero también la obligación de informarse, y trasladar al alumnado ese conocimiento. No cabe escudarse en la ignorancia. Existe el deber de investigar, comprender,  informar y actuar sobre los potenciales impactos de la pandemia, y transformar esta en texto y pretexto para enseñar.
  • Democratización en la toma de decisiones en relación con la situación dada o buen gobierno. En un primer plano en el ámbito estatal-autonómico, ya no cabe justificar por la vía del principio de urgencia, la ausencia de negociación de los planes de intervención, con los agentes educativos, desde la representación acreditada de los mismos, de sindicatos, AMPA, Organizaciones estudiantiles, asociaciones profesionales y patronales educativas en el caso de la educación concertada, y proveedores de servicios, así como Ayuntamientos y Cabildos buscando convergencia y sinergia. En un segundo plano, informando y consultando a los centros, con especial insistencia para que las direcciones de estos, trasladen la información a los claustros, el Consejo Escolar y asociaciones sectoriales si existen. En este último plano, la explotación de las memorias de fin de curso, el registro de las acciones realizadas por el profesorado y los gestores administrativos y los medios empleados, resulta esencial, para partir del suelo, y no del modelo ideal de escuela que todo docente, y gestor tiene en su cabeza. Dada la ingente cantidad de información, esta debe ser recogida mediante un cuestionario automatizado, con campos memos, que permitan volcar las experiencias singulares, y sus resultados, y publicados tanto por los centros educativos como por la Consejería de Educación a fin de que la sociedad valore el esfuerzo del profesorado desde el conocimiento directo del mismo.
  • Responsabilidad. La acción de abrir el centro, recae sobre quien dio la orden de cerrarlos, no cabe delegar la decisión, nunca ha sido así, de hecho cuando por causa mayor no se ha iniciado el curso en el momento previsto se ha elaborado el correspondiente informe dando cuenta de las dificultades.
  • Prevención. Sobre la dirección recae la toma de medidas tendentes al cuidado de la salud. Ese proceso debe estar supervisado y certificado a lo largo del tiempo por autoridad o empresa competente. La desinfección de los centros no puede recaer en el personal de limpieza, sin previa formación y sin recursos adecuados. Por tanto las direcciones de los centros deben exigir las certificaciones a que haya lugar antes de emitir el informe que le requiera la administración, y si no fuera el caso, debe de motu proprio advertir de las insuficiencias detectadas, o de la incapacidad técnica para tomar la decisión.
  • Planes de contingencia. ¿Se han previsto todos los escenarios posibles? ¿Se han redactado los protocolos consiguientes?  ¿Existirán contactos de urgencia específicos para las escuelas en el servicio 112?
  • Respeto. En condiciones como las actuales, el “no-conocimiento” del comportamiento del COVID-19, impone la actuación preventiva para evitar daños, desde el respeto de las más estrictas condiciones sanitarias, implementando los protocolos adecuados a las etapas, niveles y enseñanzas conforme a los riesgos laborales y sanitarios conocido. Solo debe haber una prioridad, garantizar la salud de toda la comunidad educativa.

¿Necesitamos volver a las aulas para terminar el curso?

La respuesta es que no, cuesta entender el debate planteado en esos términos y acaba uno preguntándose si hay intereses distintos a los educativos en ese debate. El tiempo pondrá sobre la mesa el currículo oculto de tales exigencias, y los responsables de las mismas. Tenemos advertencias en forma de rebrotes en Alemania y Corea del Sur, actuemos en consecuencia.

¿Solo cabe pensar la acción educativa como actividad presencial?

No, aunque también es cierto, que la diversidad de enseñanzas, etapas, niveles, clase social del alumnado y territorio, condicionan unas u otras respuestas. En próximos trabajos trataremos de profundizar en la pregunta y sus posibles respuestas.

¿Cabe pensar otras alternativas?

Ni la distancia, ni la presencialidad, ni el acceso digital pueden ser obstáculos en la educación. Y cuando así ocurra, deberán ser removidos, esa una de las razones de ser de la escuela compensatoria y de la apuesta por la equidad.
Hay alternativas, además ya implementadas y funcionando desde hace más de una década, como la enseñanza semi presencial en las enseñanzas nocturnas, centros de educación a distancia y de enseñanzas de adultos. Las medidas requieren debate, formación e inversión.
Existen múltiples recursos didácticos especialmente para Moodle en manos del profesorado que no han sido compartidos porque los reservorios electrónicos han decaído, por la inanición de las administraciones educativas a favor de los portales de las editoriales. Ahora es el momento de actualizarlos, y permitir que el profesorado pueda compartir de forma segura los recursos por etapas, niveles, y enseñanzas, con ficha de autoría cuando proceda. Ese trabajo puede y debe abrirse al voluntariado, en un formato semejante al mantenimiento de la Wikipedia, y debe integrar a todas las comunidades autónomas, y las lenguas cooficiales, con acceso a la traducción en línea,

Precaución, cautela, negociación y buen paso.

  • En lo que resta de curso, queda mucha tarea, la propia de mayo y junio de cualquier curso escolar con el añadido de las circunstancias de la presente situación.
  • Allí donde se puedan aplicar todas las medidas descritas en la orden y sucesivas instrucciones que la desarrollen, puede contribuir a facilitar la organización del curso 2020/2021, ensayando protocolos en condiciones de máxima seguridad. Ir más allá,  comporta unos riesgos para los cuales no estamos preparados.
  • Nada de lo que ha funcionado hasta el momento tiene que ver con la realidad práctica y cotidiana de un centro educativo no universitario. Los usuarios, los espacios y las ratios, son las que son, si eso no cambia incidiendo en la organización, la forma de enseñar y aprender,  introduciendo tecnología, y formando al profesorado para esa situación, simplemente no habrá ningún tipo de normalidad, ni vieja, ni nueva.
  • En este tiempo, se podrá certificar los listados de trabajadores y trabajadoras de riesgo al COVID-19, personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años.
  • Igualmente se podrá diseñar la formación y los protocolos adaptados al teletrabajo: posturas inadecuadas, hábitos, tiempo de exposición a las pantallas que deberán ser impartidos en septiembre, trabajo con plataformas, ….
  • Negociar, la regulación de las jornadas de trabajo en los procesos donde se combine la enseñanza presencial con la educación a distancia del profesorado y el alumnado, con especial atención a la necesaria conciliación de la vida laboral y personal, y las nuevas condiciones laborales que surjan en ese contexto.
  • Iniciar los trabajos de actualización de Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Reglamento de los Servicios de Prevención, y la normativa autonómica derivada. (Real Decreto 39/1997).

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